Violencia contra la mujer en el Perú y su regulación



En el Perú, la historia peruana ha presenciado distintos actos de discriminación, desigualdad y subordinación que viven las mujeres, desde los cuerpos hasta su sexualidad son violentados y vulnerados. Si tiene n la cosmovisión andina la mujer es vista como un complemento al hombre, en las prácticas sociales ya se veían actos de dominio patriarcal. Como lo indica María Emma Mannarelli: “La apropiación de mujeres era una fuente de autoridad y prestigio» (1990)

Luego del 1991 pasamos por una dictadura larga donde se hizo muy poco por los derechos de las mujeres, no fue hasta que en el 2003 se crea la “Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual” (Ley N° 27942, 2003) que hay un acercamiento para proteger a las personas en los ámbitos laborales ya sean privados o públicos, instituciones educativas e instituciones policiales y militares.

Posteriormente, en el 2015 se crea la “Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar” (Ley N° 30364, 2015) que tiene como finalidad prevenir, erradicar y sancionar toda forma de violencia producida en el ámbito público o privado contra las mujeres e integrantes del grupo familiar. No obstante, su artículo 8 se limita a reconocer la violencia física, psicológica, sexual y económica, dejándose de lado otro tipo de violencia que en muchos casos es el más silencioso e impune: la violencia institucional, dejando la a “Inspectoría de la Policía” como única institución para realizar alguna queja o denuncia ante irregularidades en dicha institución.

No obstante, el Estado peruano se sumó a la lista de países de la región que han adoptado Leyes Integrales contra la violencia hacia las mujeres,  se  alinea  a  la  Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belem do Para) y responde a una de las recomendaciones expresada por el Comité CEDAW (Comité CEDAW, 2014) en el año 2014; y en el 26 de julio de 2016, se aprueba un nuevo “Plan Nacional Contra la Violencia de Género  2016-2021”.  

Es en estos años que se incrementa exponencialmente las violencias contra las mujeres, a pesar de los mecanismos que se estaban implementando para eliminarla, o es que los casos que antes eran silenciados, estaban siendo cada vez más expresados y las mujeres estaban comenzando a dar testimonio de lo que a puertas cerradas sucedía. 

Del 2012 al 2016 la percepción es que la violencia contra la mujer ha aumentado mucho durante los últimos 5 años. De un 67.5% que ya era alto a un 76.7%. (Instituto de Opinión Pública PUCP, 2016)

En el 2017 se reportó que un 70.8% de las mujere entre los 15 y 49 años, sufrieron violencia por parte de sus parejas o exparejas, no buscaron ayuda en una institución. (Observatorio Nacional de la Violencia Contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar, s. f.).

Es entonces que en el 2018 el Congreso de la República promulga la “Ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de gestión económica y competitividad, de integridad  y lucha contra la corrupción, de prevención y protección de personas en situación de violencia y vulnerabilidad y de modernización de la gestión del Estado” (Ley N° 30823, 2018), y en ella modifcar la Ley 29360 (Ley del Servicio de Defensa Pública) y establece fortalecer el marco jurídico para la prevención y protección de violencia contra la mujer y grupo familiar, así como de víctimas de casos de acoso, acoso en espacios públicos, tentativa de feminicidio, feminicidio, violación sexual y violación sexual de menores de edad, así como para la sanción efectiva ante la comisión de dichos delitos y crear el Sistema Nacional Especializado de Justicia para la Protección y Sanción de Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar. Siendo esta la primera vez que se menciona a víctimas de acoso.

Posteriormente, en septiembre del mismo año se publica el “Decreto Legislativo que incorpora el delito de acoso, acoso sexual, chantaje sexual y difusión de imágenes, materiales audiovisuales o audios con contenido sexual al código penal, y modifica el procedimiento de sanción del hostigamiento sexual” (Decreto Legislativo N° 1410, 2018) donde indican que resulta necesario realizar modificaciones al Código Penal para incorporar tipos penales que sancionen los actos de acoso, acoso sexual, chantaje sexual y difusión de imágenes, materiales audiovisuales o audios con contenido sexual; a fin de garantizar una lucha eficaz contra las diversas modalidades de violencia, que afectan principalmente a las mujeres a lo largo de todo su ciclo de vida. Es la primera vez que se mencionan las “redes sociales” como medios de acoso y “cualquier tecnología de la información o de la comunicación”.

Sin embargo, aún no es del todo clara la posición del Estado en cuanto a los actos realizados en medios digitales. Por otro lado, la burocracia en las comisarías hace que muchas mujeres no quieran pasar por el proceso de denuncia legal regular y acudan a los medios digitales para pedir ayuda a organismos como el Ministerio de la Mujer porque muchas comisarías no están realmente capacitadas para atender casos de violencia de género.. 

Además, muchas mujeres que han realizado denuncias legales no han recibido buenos tratos y, por el contrario, han recibido violencia institucional por parte del personal de comisarías y revictimización. De igual manera vemos que la DIVINDAT (División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología), según nota periodística de septiembre del 2019, cuenta con tan solo 15 ciberpolicías que se dedican a investigar delitos cibernéticos, dándoles prioridad a los relacionados a pornografía infantil, en donde el 95% de víctimas son mujeres adolescentes (VadilloVila, 2019)

De acuerdo a “World Values Survey, 2009-2014” (World Value Survey, 2009-2014) somos uno de los países que más desconfía de su policía y en promedio 12 mujeres son víctimas de feminicidios cada mes (Observatorio Nacional de la Violencia Contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar, s. f.). Estas son algunas de las razones por qué más mujeres han optado por colaborar con los movimientos como #MeToo para denunciar violencias sufridas y dar sus testimonios.

(Observatorio Nacional de la Violencia Contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar, 2009-2017)

Vemos que los casos han ido escalando de año a año como se muestra en el gráfico. Si bien esto representa los casos atendidos en los Centros Emergencia Mujer, no se contabilizan los casos de violencias que a diario realmente ocurren y las mujeres no tienen los medios (psicológicos o físicos) para reportarlos.

Con respecto al acoso sexual callejero, los porcentajes aumentaron del año 2012 al año 2016 en poblaciones de mujeres entre las edades de 14 a 19 años y con respecto a roces incómodos o frotaciones en transportes públicos, el porcentaje aumentó en mujeres de edades entre los 30 y 44 años de edad. (Instituto de Opinión Pública PUCP, 2016)

Más recientemente en el mes de mayo de este año 2020, incluso durante cuarentena se han reportado 4,307 casos atentidos de los cuales 13 son de violencia económica o patrimonial, 664 son de violencia sexual, 1356 violencia psicológica y 2,272 violencia física. (Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. 2020)

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